Cataluña.

Pertenecí durante más de quince años al colegio oficial de Graduados Sociales de Barcelona, precisamente por ser uno de los que mejor funcionaban de España, prestando numerosos servicios a los colegiados, y defendiendo notablemente la profesión.

Cuando la deriva nacionalista fue aumentando, comenzaron a enviar sus publicaciones, circulares, etc., única y exclusivamente en catalán. Tras escribirles para pedirles, con toda educación, que a los colegiados del resto de España hiciesen el favor de seguir escribiéndonos en castellano, me contestaron que los compañeros querían que todo fuese en catalán, por lo que no me quedo más remedio que darme de baja. Tal vez por eso mismo nunca recibí la medalla de bronce al mérito colegial, que se imponía a los quince años de colegiación sin problema alguno… Continúa leyendo Cataluña.

Dos justicias distintas.

Dicen que la medida de la democracia es la existencia de un poder judicial independiente. Y digo poder judicial, no fiscalía, que no deja de ser un apéndice del poder ejecutivo, y desgraciadamente lo estamos viendo cada día más.

En España no tenemos un verdadero poder judicial, y es hora ya de decirlo, con toda claridad. El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, y los jueces independientes disfrutan de su independencia…, pero en juzgados unipersonales, donde las posibilidades de molestar son mínimas. Los ascensos se realizan por criterios ideológicos y/o afiliación a determinadas asociaciones judiciales -que son el brazo de los partidos políticos correspondientes-, y el Consejo General del Poder Judicial es una entelequia, que nos cuesta carísima de mantener, y cuyos miembros viven no ya como canónigos, sino como obispos (de los de antes), y representan a los partidos políticos que les han nombrado en la administración de justicia.

Por no hablar de los jueces por el cuarto turno, es decir “a dedo”, elegidos con criterios de amistad, afinidades políticas, etc., pero muy escasamente por méritos profesionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero hablo de la regla general. Continúa leyendo Dos justicias distintas.

Pensiones para ex altos cargos.

En esta etapa de crisis económica brutal en que estamos sumidos -más bien ciclo, por lo que se supone durará-, no deja de ser llamativo que los ex ministros y secretarios de estado del anterior gobierno simultaneen el cobro de sus salarios como diputados, senadores, diputados autonómicos, o incluso el trabajo en la empresa privada, en algunos casos, con el cobro de la indemnización por haber ocupado altos cargos.

Parece que la ley de incompatibilidades no contempla estos casos, pues sólo prevé la situación de los funcionarios públicos, no de los dirigentes políticos, de los ex altos cargos, por decirlo claramente.

Es sangrante que cuando hay un millón y medio de familias sin ingreso alguno, y más de cinco millones de parados, un buen número de ex altos cargos estén cobrando más de diez mil euros mensuales, por término medio, al simultanear dos ingresos públicos. Continúa leyendo Pensiones para ex altos cargos.

Liberados… de trabajar.

Rajoy, el rajao, ha sido incapaz de limitar al máximo la presencia de liberados en las numerosas administraciones públicas existentes, no teniendo la gallardía de poner a los sindicatos de clase en su sitio, ante el espejo de sus propias contradicciones.

En efecto, se trata de sindicatos de clase, pues ellos son una clase superior, diferente, privilegiada: no pueden ser despedidos, son los últimos en abandonar las empresas, caso de expedientes de regulación de empleo, disfrutan de su salario integro, la empresa no puede vigilar que hacen en sus horas teóricamente dedicadas a actividades sindicales -lo tiene declarado la jurisprudencia sobre la materia, desde el Tribunal Supremo al Constitucional-, y si van a la huelga no se les descuenta nada, pues como no trabajan no se sabe si hacen huelga o no, etc.

En realidad para ellos hacer huelga sería trabajar, lo que se denomina técnicamente una huelga a la japonesa, pues es como hacen huelga los japoneses, trabajando más. Continúa leyendo Liberados… de trabajar.

El fraude a la seguridad social en la contratación temporal.

Que las cotizaciones sociales en España son de las más caras de Europa, es algo que sabe todo el mundo. Algunos autores sostienen que somos el segundo país, pero otros hablan del primero, pues además de las cotizaciones empresariales hay que sumar las deducciones al trabajador, los pagos para el Fogasa, formación profesional, etc., en resumen, un treinta y tantos por ciento de la nómina de cualquier empleado.

En estas condiciones, crear empleo es una quimera. Las empresas subcontratan, acuden a empresas de trabajo temporal, “fabrican” falsos autónomos, en fin, burlan la ley, como única forma de poder sobrevivir, reduciendo costes laborales y sociales.

Últimamente se ha puesto de moda el fraude a la seguridad social en la cotización de los contratos temporales…, posiblemente propiciado por la propia administración. Continúa leyendo El fraude a la seguridad social en la contratación temporal.

Letrados de la DGA: del interinaje a la jubilación.

Que en España se pueda entrar en una de las numerosas administraciones públicas como interino, vestido aún con el pantalón corto, y jubilarse tan ricamente en idéntica situación, es algo que no extraña a nadie. Entra dentro de lo que podríamos llamar patologías de nuestra burrocracia, que algunos se empeñan en llamar burocracia…

Hay políticos, y Biel es un ejemplo de ello, que consideran que la administración está a su servicio, y que ellos son un regalo del Cielo a los pobres tontos del culo, también llamados contribuyentes, que pagan todas sus ocurrencias y excesos.

Lo mismo sucede con la Rudí o Marcelino Iglesias, ambos premiados por sus respectivos partidos, tras hundirlos electoralmente, con un escaño en el Senado. ¡Qué menos! España es así, no la he inventado yo. Y de Aragón que les voy a decir. Esta es una tierra en la que cuándo hay tres personas charlando, ninguno se quiere ir el primero, pues se arriesga a que sus “amigos” le pongan a caldo. Continúa leyendo Letrados de la DGA: del interinaje a la jubilación.

La justicia del más fuerte, justicia guineana.

Decía Platón que “La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, y cada día estoy más convencido de que es verdad, y me reafirmo en esa creencia cuándo veo las sentencias que dictan algunos, muchos, tribunales españoles. Y la práctica totalidad de los guineanos, añado.

El reciente episodio de “Corrupción, tráfico de influencias y falsificación documental en la Corte Suprema de Guinea”, del que diario ROMBE daba cumplida cuenta el pasado día 16, y por cuya publicación les felicito, constituye un episodio más de esta costumbre de pisotear los derechos de los demás, para apropiarse del dinero ajeno, con un simulacro de actuaciones judiciales, presunta falsificación de documentos públicos judiciales, etc.

Y la intervención, también presunta, faltaría más, de todo un Magistrado de Trabajo, y de uno o varios abogados de dudosa honorabilidad, nos hacen suponer que el Poder Judicial de Guinea Ecuatorial necesita grandes cambios, de arriba a abajo.

Son varias las sugerencias que me atrevo a realizar al respecto:

  1. Total inamovilidad de los magistrados y jueces, y sujeción a una triple responsabilidad: penal civil y disciplinaria.
  2. Necesidad de que exista un colegio de abogados digno de tal nombre, y presidido no por el ministro de justicia, que no pinta nada, sino por un profesional de reconocido prestigio, nacional e internacional.
  3. Limpiar los tribunales y juzgados de “jueces legos”, salvo para la justicia de paz, o asuntos de muy pequeña entidad, que se solucionan más por razones de equidad que jurídicas.

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Juzgados contra la corrupción.

La ola de corrupción que nos inunda -más bien un peligroso tsunami-, amenaza acabar con nuestro sistema político, y no digo democracia, pues no me gusta engañar a nadie…

Pero además tiene otra consecuencia peligrosa, y es la inclusión de España en los listados internacionales de países corruptos, -en dónde vamos escalando rápidamente posiciones-, de forma que las grandes empresas multinacionales se lo pensarán dos veces antes de invertir aquí, pues saben perfectamente que tendrán que pagar “mordidas” sin fin para obtener los permisos y licencias necesarios, y en ocasiones no sólo a un sobrecogedor, sino a varios: ayuntamiento, comunidad autónoma, administración central, organismos con competencias específicas, etc., pues para abrir cualquier fábrica o centro comercial hacen falta un montón de autorizaciones, todas las cuales pueden estar sometidas “a peaje”.

¿Qué soluciones tiene esta situación dantesca? Yo me atrevo -la ignorancia es muy atrevida- a propugnar algunas: Continúa leyendo Juzgados contra la corrupción.

Delincuentes comunes y políticos.

En la España franquista había dos tipos de presos, los llamados comunes, es decir por delitos que podríamos llamar normales y corrientes, y los políticos, que eran aquellos a los que se había condenado a prisión por su pertenencia a partidos políticos y sindicatos ilegales, o por actuar en forma (supuestamente) delictiva según la normativa legal vigente entonces: promover y organizar huelgas, etc.

Parece ser que dentro de las cárceles procuraban no mezclarse, pues los políticos no se consideraban realmente delincuentes (y con razón), y además tenían un nivel cultural y social muy superior al de los delincuentes comunes…

Por supuesto que había excepciones, y en algunas prisiones esos políticos (omito la denominación de delincuentes, pues realmente no lo eran) hicieron una labor cultural, divulgativa, de instrucción de los presos comunes, muchos de los cuáles tampoco eran realmente delincuentes, sino personas a las que la sociedad había tratado a patadas, en muchas ocasiones desde su nacimiento hasta la muerte. Continúa leyendo Delincuentes comunes y políticos.

Poderes judiciales y poderes notariales.

Hay dos formas de otorgar poderes, ante Notario y ante el Juzgado, en cuyo caso se denominan poderes apud acta, es decir bajo acta, mediante una comparencia  ante el Secretario Judicial, que da fe de su otorgamiento.

Lo lógico sería suponer que ambas clases o tipos de poderes son idénticamente válidos, pero no es así. Mientras que el poder otorgado ante un Notario tiene eficacia general ante cualquier juzgado, tribunal y jurisdicción, el poder otorgado apud acta solamente sirve para el pleito concreto para el que se otorga, por lo cuál hay que identificarlo debidamente, y únicamente en ese partido judicial.

¿Cuál es la razón, o más bien la sinrazón, de este trato diferenciado? Ambos dos otorgantes, el Notario y el Secretario Judicial, son Licenciados o Graduados en Derecho, y han superado una difícil oposición para acceder a las profesiones correspondientes. Continúa leyendo Poderes judiciales y poderes notariales.