Las abusivas costas de los abogados.

Recientemente dediqué un artículo a “El peaje de los Procuradores”, criticando la obligatoriedad legal de tener que acudir a los juzgados representado por un procurador de los tribunales, como si no pudiéramos representarnos a nosotros mismos, cual personas incapacitadas.

Algunos comentaristas me criticaron por hacer apología de la abogacía, como si el que yo fuera contrario a la obligatoriedad del procurador (no al procurador en si, muchos de los cuáles son mis amigos, y a los que valoro y respeto en lo que valen), sin darse cuenta de que puedo estar equivocado o no, pero para mí la verdad es la verdad, tanto si molesta como si no.

Y en este caso concreto, vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado, y no porque estemos locos (espero), sino porque la figura de la tasación de costas y los criterios orientadores en materia de honorarios de los 83 colegios de abogados existentes en España son un auténtico abuso procesal, un privilegio, difícilmente sostenible y, sobre todo, defendible, en estos tiempos.

Habiendo desaparecido por imperativo legal las tablas de honorarios obligatorios, y quedando liberalizados, subsisten por razones que no acabo de comprender, los “criterios orientadores”, a los solos efectos de tasaciones de costas. Pero no es que haya unos únicos criterios para toda España, como sería lo lógico y razonable, incluso emanados del propio Ministerio de Justicia, como sucede con el arancel de los procuradores, por ejemplo, con un único arancel, sino que hay 83 criterios distintos, cada uno de su padre y de su madre… Continúa leyendo Las abusivas costas de los abogados.

El peaje de los procuradores.

Procedo de una pequeña localidad del valle del Isábena, comarca de La Ribagorza, y hace años para pasar a Graus, cruzando el río Ésera, había que pagar un fielato al dueño del puente que cruzada sobre dicho rio, parece ser que la familia que son dueños del Hotel Lleida, en dicha villa.

Excuso decirles que con ese peaje la familia propietaria del puente se hizo rica, más bien millonaria, mientras que los lugareños  se mantenían en la tradicional pobreza y aislamiento, pues cada vez que pasaban, en un sentido u otro, tenían que pagar…

Lo mismo sucede en la administración de justicia con los procuradores de los tribunales.

El noventa y tanto por ciento de los procedimientos, prácticamente el cien por cien, exigen el acompañamiento coreográfico de un procurador, que incluso debe asistir a la mayoría de los juicios, con un papel meramente silente, de ver, oír y callar. Pero claro, esas horas de “trabajo” hay que pagarlas, y bien caras, por cierto. Continúa leyendo El peaje de los procuradores.

Los ERES andaluces: Prevaricación, falsedades y malversación de caudales públicos.

El 18 de febrero de 2011 publiqué en el diario “Aragón Liberal”, muy vinculado al PP, y que posteriormente lo ha borrado de su hemeroteca digital, por razones que ignoro, el artículo siguiente, que entrecomillo, (y reproducido en mi libro ESCRITOS LIBERALES, págs. 66-68, ed. Circulo Rojo, Almeria, 2012):

Desgraciadamente los hechos, que son tozudos, me han dado la razón, con cinco años de retraso. Decía así:

Es realmente tercermundista, propio de un país bananero, lo que está sucediendo en Andalucía. Estamos, ab initio, ante presuntos delitos de falsedad de documentos oficiales, en concurso ideal con delitos de malversación de caudales públicos.

En su día cursé la carrera de Graduado Social, ejerciendo durante varios años como profesional liberal. Era finales de los años setenta y principios de los ochenta y por desgracia tuve que tramitar varios expedientes de regulación de empleo, abreviadamente ERES, para empresas en dificultades, unas veces representando a las empresas afectadas y otras defendiendo los intereses de los trabajadores, que llevaban meses sin cobrar, el empresario había desaparecido, etc.

Debo decir, en honor a la verdad, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenía perfectamente regulada la tramitación de los ERES, y era absolutamente imposible “colarles” irregularidad alguna. Los impresos correspondientes, donde se relacionaban los trabajadores incluidos en el ERE, debían llevar todos los datos personales de los beneficiarios -o afectados, según se mire-, nombre y apellidos, documento nacional de identidad, fecha de alta en la empresa, categoría profesional, número de afiliación a la seguridad social, etc.

Independientemente de todos estos datos, que se presentaban por el promotor del expediente, graduado social o abogado, normalmente, posteriormente la Seguridad Social o el Inem, no recuerdo con certeza, tenía que certificar la veracidad de los datos expuestos, por lo que evidentemente no podía incluirse a nadie que no figurase como trabajador de la empresa, con la antigüedad correspondiente, que lógicamente no podía modificarse, etc.

Mensualmente las empresas tenían -y tienen- que presentar sus impresos de cotización, en donde figura la relación nominal de todos y cada uno de sus empleados, categoría, antigüedad, número de seguridad social, etc., con lo cual se podía verificar -y de hecho se verificaba- la total coincidencia entre los datos aportados de parte y los existentes en los sistemas informáticos -o documentales, por aquel entonces, que no había tanto archivo informático como ahora- de la Seguridad Social.

En resumen, el control era, y estoy seguro de que seguirá siendo, total y absoluto.

¿Qué ha sucedido para que se hayan “inventado” trabajadores inexistentes en las empresas afectadas, falsificando documentos oficiales, pues los ERES son expedientes del Ministerio de Trabajo? O en el caso de Andalucía, de la Junta, al tener transferida la competencia en materia laboral, pero sigue siendo un organismo público, por lo que los documentos que emanan del mismo tienen la categoría de documentos oficiales.

¿Quiénes han sido los autores y cómplices de estos delitos? ¿Qué funcionarios no han hecho su trabajo, y han mirado para otro lado, dejando de comprobar la certeza de los datos existentes en los ERES en cuestión, y generando la consiguiente malversación de los caudales públicos?

Pues esa es la segunda cuestión. Independientemente de la falsedad de documentos oficiales, que está bastante clara, ab initio, repito, hay una malversación de caudales públicos, puesto que los trabajadores incluidos en el ERE pasan a percibir la prestación contributiva por desempleo, o directamente la jubilación anticipada, dependiendo de sus edades y períodos de carencia -cotización- anteriores, así como a percibir las indemnizaciones correspondientes por la extinción del contrato de trabajo, bien de la empresa afectada o, caso de insolvencia de la misma, del Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo que se financia con una parte de nuestras cotizaciones a la seguridad social, y maneja por consiguiente fondos públicos…

Como profesional, teórico y práctico, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, puedo y debo decir que una operación de tal envergadura solamente es posible realizarla por orden de las autoridades políticas y administrativas correspondientes: Consejero de Trabajo, Director o directores generales correspondientes, Letrados y funcionarios que “vigilan” -es un decir- la legalidad del procedimiento, etc.

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Problemas de la justicia en España: Costas, tasas y procuradores.

Pensaba escribir un artículo sobre los problemas de la Abogacía en España, a mi modesto entender, pero acabo de recibir una encuesta del Colegio de Abogados sobre los problemas de la justicia en España, y voy a utilizar ese título, en el bien entendido supuesto de que los problemas de la Abogacía son sólo una parte de la problemática general de la justicia.

Lo que está claro es que la abogacía es un sector en crisis, en profunda crisis. Y ello se debe a múltiples circunstancias, de las que voy a reseñar las más importantes, en mi opinión:

1.  Las costas, es decir la condena en costas. Institución procesal que consiste en que cuándo se desestime totalmente la demanda, el juez o tribunal puede condenar a la parte demandante, denunciante, etc., a las costas de la otra parte, que comprende los honorarios de su abogado y los derechos del procurador, lo que supone que el pobre litigante tienen que afrontar las honorarios de nada menos que cuatro profesionales: dos abogados y dos procuradores.

Vamos, que ese señor ya no vuelve a aparecer por el juzgado en su vida… Continúa leyendo Problemas de la justicia en España: Costas, tasas y procuradores.