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La lectura de este blog es pública, todos podemos acceder; las entradas pueden ser publicadas sólo por los profesionales y entidades registrados en el Directorio SoloAbogados.Org, quienes a su vez pueden comentar otras entradas publicadas, conformándose de esta manera una especie de foro de intercambio. Recordemos que, además, cualquiera puede hacer llegar consultas e inquietudes a un profesional particular desde su ficha en el Directorio.

Si bien las entradas son moderadas para mantener un orden y una estructura mínimos, se respeta la libertad de expresión dentro de los límites de la legalidad. Al respecto creemos importante destacar que cada artículo representa el pensamiento y la visión de su autor, que no necesariamente es el nuestro.

¡Es tiempo de comenzar! ¡Invitamos a los profesionales de SoloAbogados.Org a llenar espacios con sus valiosos aportes!

La responsabilidad del juez y del fiscal en el caso de la familia Pujol.

El juez instructor de la Audiencia Nacional ayer adoptó la decisión de ingresar en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del primogénito de la nada honorable familia Pujol. Se le acusa, entre otras muchas cosas, de sustraer 30 millones de euros, situándolos en el extranjero, a “salvo” de la administración de justicia española.

Se le ingresa en prisión para evitar que siga ocultando el dinero “familiar”, procedente de numerosos delitos, y entorpeciendo la acción de la “justicia”.

Justicia que en este caso viaja a lomos de una tortuga: nada menos que tres años ha tardado el juez en adoptar esta decisión, si bien es cierto que no podía hacerlo salvo petición expresa del fiscal, del abogado del estado personado en la causa, o de alguna de las acusaciones populares que puedan existir… Continúa leyendo La responsabilidad del juez y del fiscal en el caso de la familia Pujol.

La “jurisprudencia” del promotor de la acción disciplinaria del CGPJ.

Hay una jurisprudencia que interesa, y mucho, a los jueces, y es la que emana del Promotor de la Acción Disciplinaria.

En realidad no deberíamos hablar de jurisprudencia, pues como todos sabemos es la que emana del Tribunal Supremo, sino más bien de “criterios” del citado Promotor, hacia el cual debo expresar, en primer lugar, mi máximo respeto, pues creo pesa sobre sus hombros una carga muy grande, posiblemente excesiva.

El año pasado acudí en tres ocasiones al Promotor, y no precisamente para felicitar a ningún juez, y debo reconocer que los tres asuntos están ya resueltos, con un resultado siempre favorable al poder judicial, que ha ganado por goleada: 3 a 0.

Es decir, siempre ha considerado que no había que expedientar a nadie, y que la jueza en cuestión, doblemente denunciada, y una sección civil de una determinada audiencia provincial, habían actuado correctamente, y no procedía por tanto abrir expediente disciplinario alguno. Continúa leyendo La “jurisprudencia” del promotor de la acción disciplinaria del CGPJ.

Sentencias como churros.

La mayoría de las personas que peinamos canas seguramente pensamos que la Justicia va de mal en peor. Y seguramente no estamos equivocados.

Es verdad que las personas mayores siempre creen ser el centro del mundo, y que sin ellas se derrumbará todo, cuándo la verdad es que todos somos precisos, pero nadie es imprescindible, en términos generales, y salvo alguna excepción, pues hay gente que no son ni precisos ni necesarios.

Pero lo que es cierto es que en los últimos años, y “gracias” a las bases de datos, a la informática judicial, etc., ya no quedan jueces sastres, que hacen el “traje” a medida del pleito correspondiente, sino que lo que abundan son los jueces pret a porter, que te endiñan la primera sentencia similar que encuentran en cualquier sitio, y se quedan tan satisfechos de su “ciencia” jurídica. Continúa leyendo Sentencias como churros.

La acusación popular “molesta” a los partidos políticos.

El derecho penal español contempla la existencia de hasta cuatro posibles acusaciones: la pública, encomendada al Ministerio Fiscal, la privada, a las víctimas del delito, la popular, a entidades que defiendan los intereses públicos, pero sin ser directamente perjudicadas por el delito, y la privada, meramente residual, únicamente para los delitos de injurias y calumnias, en los que no interviene la Fiscalía.

Es decir, que no andamos escasos de acusaciones, por lo menos sobre el papel, que ya sabemos que el papel lo aguanta todo, aunque en la práctica únicamente acusa el fiscal, y en muchas ocasiones el abogado de los perjudicados, como acusación particular.

El artículo 125 de la Constitución articula tres formas de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, mediante “la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”, “así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales” (que yo recuerde, y a bote pronto, únicamente el Tribunal de las Aguas de Valencia), y, lo que es más importante: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular”. Continúa leyendo La acusación popular “molesta” a los partidos políticos.

Imputado e investigado son sinónimos, pero acusado no.

A propósito de la polémica en relación con la imputación del Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, quisiera hacer algunas precisiones jurídicas o lexicológicas, que no es lo mismo, pero en este caso parece que sí.

En primer lugar diré que desconozco que formación tiene el presidente de Murcia, en el supuesto de que tenga alguna… Pero su comentario de días pasados en el sentido de que dimitiría cuando hubiera una “imputación formal” contra él, chirría por todas partes.

La palabra imputado ha desaparerizo de la legislación procesal penal, y por consiguiente de la práctica judicial. Ahora se le llama investigado, pero para el caso es lo mismo. Es la persona que tiene que dar cuenta de sus actos ante la justicia, con el acompañamiento coreográfico de un fiscal, y a veces ni eso, que la mayoría son de mesa camilla… Continúa leyendo Imputado e investigado son sinónimos, pero acusado no.

Los delitos de odio, o la criminalización de los adversarios ideológicos.

Los llamados delitos de odio hacen su entrada en nuestro ordenamiento penal de la mano del PP, faltaría más, siempre en su papel de tontos útiles del sistema, siendo ministro de injusticia un tal Ruiz Gallardón, fiscal de carrera, pero político de profesión.

En la reforma del Código Penal de 2015, teniendo el PP mayoría absoluta, encima, se introducen en nuestro ordenamiento jurídico estos delitos, que son utilizados como ariete para la persecución de los grupos políticos o ideológicos minoritarios, y la extensión, por tierra, mar y aire, del “buenismo político”, consistente en las imbecilidades de la etapa zapateril: todos somos hermanos (pero no primos), la tierra es del viento, y otras chorradas similares.

Consiguientemente se pretende perseguir a quienes mantengan o sostengan ideas contrarias a estos ideales masónicos de la sociedad. Una sociedad de los bienpensantes, pero que viven en urbanizaciones de lujo, sus hijos se forman en colegios de élite, alternan en clubs que son auténticos cotos cerrados, y no tienen ninguna relación con los inmigrantes o extranjeros, salvo como servicio doméstico, y eso en el mejor de los casos.

¡Así se puede ser solidario!

Sobre todo cuando no necesitas ninguna ayuda social, ni tienes que ver como se da preferencia a los extranjeros, antes que a los españoles de origen, para dar esos subsidios, subvenciones, prestaciones, comida, ropa, etc., por parte de las diversas administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales, que en realidad deberían llamarse gubernamentales a secas, pues todas viven mayoritariamente del dinero público. Continúa leyendo Los delitos de odio, o la criminalización de los adversarios ideológicos.

La excesiva dureza del tribunal supremo con los manifestantes en la sede de la generalidad catalana en Madrid (II).

En mi modesta opinión, el Tribunal Supremo se ha cubierto de lodo, una vez más.

En lugar de adoptar una actitud de reproche penal, pero comprensiva con la escasa gravedad de los hechos, así como con la edad de los acusados (¿quién no ha hecho alguna barbaridad con veinte años?), el Supremo se inclina por castigarles con una gran dureza, que no es justicia, sino que más bien parece venganza, o aviso para navegantes: no vamos a permitir que nadie ataque a los gobiernos autonómicos –en este caso más bien separatista, como lo estamos viendo estos mismos días, y desde hace años-.

Parece que hay dos clases de españoles: los políticos, con los que nadie se puede meter, so pena de acabar rápidamente en prisión, y por varios años, y el común de los mortales, a los que se puede agredir y lesionar, robar, estafar, insultar, etc., sin grandes problemas. Continúa leyendo La excesiva dureza del tribunal supremo con los manifestantes en la sede de la generalidad catalana en Madrid (II).

El caso Blanquerna: Entre la política y la injusticia.

Hace años, cuando era más joven, y posiblemente más tonto, o menos quemado por la vida, creía en la justicia humana. Ahora cada vez menos.

Hoy por hoy sólo creo en la justicia divina, y con grandes dudas, pues viendo como va el mundo, presiento que Dios está de vacaciones una buena parte del año… Si, ya se: el libre albedrío, la libertad de cada cual y todas esas monsergas. Pero lo cierto es que la sociedad es tremendamente injusta, y cada vez más, por desgracia para todos.

Uno de estos casos sangrantes, que más me han lastimado jurídica y moralmente, ha sido el caso Blanquerna, llamado así por haber sucedido una manifestación o escrache ante la biblioteca Blanquerna, que al parecer está situada en los bajos del edificio que alberga las dependencias de la Generalidad de Cataluña en Madrid. Continúa leyendo El caso Blanquerna: Entre la política y la injusticia.

La excesiva dureza del tribunal supremo con los manifestantes en la sede de la generalidad catalana en Madrid (I).

Comenzaré con dos premisas básicas para comprender los razonamientos jurídicos, éticos y estéticos del presente articulo:

1º. Respeto al Tribunal Supremo, como jurista que soy, incluso cuando se equivoca. Pero entiendo que por ese mismo respeto tengo el deber de manifestar mi discrepancia con sus sentencias, en su caso, sin perjuicio del lógico –y necesario- acatamiento, como corresponde en un Estado de Derecho.

¡Lástima que los separatistas catalanes no tengan el mismo respeto a nuestro más Alto Tribunal!.

2º. No soy una persona violenta, y deploro totalmente la utilización de cualquier clase de violencia, física o incluso verbal, contra los adversarios. Creo que el monopolio de la violencia corresponde al Estado.

¡Pero de la misma forma entiendo que es indignante ver como el Estado muchas veces hace dejación de sus funciones, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, donde las competencias en materia de orden público han sido transferidas –creo que equivocadamente- a los gobiernos autonómicos (y digo autonómicos por no decir separatistas) correspondientes!. Continúa leyendo La excesiva dureza del tribunal supremo con los manifestantes en la sede de la generalidad catalana en Madrid (I).

Parado, no te fies de las oficinas del INEM.

Un buen amigo mío, ya sesentón, tras haber trabajado muchos años en la función pública, pero siempre como contratado temporal, interino, personal eventual, etc., es decir, con el culo al aire, al final se vio en el paro, como consecuencia de la reducción del empleo público precario, que dicho sea de paso, es el único que se ha podido disminuir, pues a los funcionarios de carrera no hay Dios que pueda echarles.

Tras estar varios años en el paro (una persona de 60 años está ya “muerta”, laboralmente hablando), un amigo le propuso hacer unas tutorías en una universidad privada, un solo día a la semana, seis horas…

Como estaba cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, pues tiene más de 35 años cotizados a la seguridad social, con lo cual sólo le falta la edad para poderse jubilar, pidió hora en la Oficina del INEM correspondiente, donde expuso el caso a la funcionaria, contratada o enchufada de turno.

Esta señora o señorita le dijo que no había ningún problema, siempre y cuándo por esa actividad no recibiera ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, entregándole un tríptico donde dice muy claramente que los ingresos del subsidio son compatibles “con rentas de cualquier naturaleza”, siempre y cuando no superen el 75% del SMI, repito. Y que, además, en su caso, como tenía un convenio especial con la seguridad social para mejorar su pensión futura, ese importe que pagaba (alrededor de 300 euros al mes), eran deducibles de los ingresos que recibiera. Continúa leyendo Parado, no te fies de las oficinas del INEM.